La jueza del Juzgado de Instrucción de Catarroja, encargada de la investigación sobre la devastadora dana que azotó la provincia de Valencia en octubre de 2024, ha rechazado la solicitud de careo presentada por la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, en relación con la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado. Este careo se buscaba para esclarecer las comunicaciones mantenidas durante la crisis, especialmente una llamada en la que Folgado alertó sobre el desbordamiento del barranco de l'Horteta.
Pruebas abrumadoras que contradicen declaraciones oficiales
En su auto, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra subraya la existencia de "abundantísima" prueba que contradice la declaración del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, quien sostuvo que en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) solo se discutió sobre el riesgo relacionado con la presa de Forata. Esta afirmación ha sido cuestionada debido a la creciente cantidad de testimonios que apuntan a que las autoridades sí tenían conocimiento de la situación crítica en otros puntos, como el barranco del Poyo, que finalmente desató la tragedia. La jueza recordó el pasado 30 de junio cómo esta cuestión sigue siendo una de las principales incógnitas en la investigación.
El presidente Mompó, que se presentó en el juzgado en varias ocasiones, ha evadido en múltiples ocasiones brindar detalles sobre su comunicación con Folgado el día de la inundación. Durante su declaración, manifestó no recordar el contacto que recibió de la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, a las 17:00 del 29 de octubre de 2024, en el que se advertía de la gravedad de la situación en el barranco del Poyo. Además, no se mostró consciente de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había emitido una alerta roja esa mañana.
Destacando la importancia de esta investigación, la magistrada señalaba que las declaraciones contradictorias de Mompó y Folgado son fundamentales para esclarecer los hechos. Folgado mencionó, en su comparecencia como testigo, que había avisado a Argüeso sobre la situación del barranco a partir de las 18:00 del mismo día. Mompó, sin embargo, omitió referirse a la llamada de Folgado, tanto en su declaración ante la magistrada como en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Esto plantea interrogantes sobre la transparencia y la claridad de las comunicaciones oficiales en situaciones de emergencia.
La defensa de Argüeso había solicitado el careo para confrontar las afirmaciones de Folgado, que denominaron "falsarias", asegurando que la alcaldesa había presentado declaraciones incorrectas. Sin embargo, la jueza propuso que la solicitud no se justifica, ya que no hay un "presupuesto formal de contradicción" en las versiones presentadas. De hecho, Argüeso no mencionó durante su declaración que hubiese mantenido alguna conversación con la alcaldesa de Torrent.
La instrucción judicial, que se mantiene activa después de 20 meses de investigación, sigue abordando diversas testificaciones y evidencias. La jueza ha comentado que se iniciará una revisión de comunicaciones adicionales que puedan arrojar más luz sobre los eventos que condujeron a la catástrofe. En este contexto, resalta la declaración de Miguel Mollà, responsable de Tecnologías del 112, quien confirmó que el envío de alertas a la población comenzó a las 19:00 horas, un hecho que contrasta con las afirmaciones de Mompó.
Con la pérdida de 230 vidas durante la riada, la tragedia ha dejado una huella imborrable en la comunidad valentina, planteando interrogantes sobre la preparación y respuesta de las autoridades en situaciones de emergencia. A medida que avanza la investigación, la sociedad espera contar con respuestas claras y decisivas que permitan comprender cómo se gestionó una crisis de tal magnitud.
